Policías declaran mientras pasan para más adelante el testimonio clave en el caso Loan 

Operativos y testimonios clave en los tribunales federales de Corrientes en el marco del juicio por el niño.

La investigación judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, un caso que conmovió profundamente a la opinión pública y mantiene en vilo a todo el país desde hace más de dos años, sumó este miércoles una nueva y dinámica jornada de declaraciones testimoniales en los tribunales federales de Corrientes. En el marco del extenso debate oral y público que busca esclarecer la supuesta sustracción y ocultamiento del menor, el tribunal interviniente escuchó las exposiciones de cuatro efectivos de distintas fuerzas de seguridad, al tiempo que debió resolver un giro estratégico respecto a uno de los testimonios más esperados de la semana por cuestiones de modalidad y garantías procesales.

El fiscal federal Carlos Schaefer coordinó la citación de los uniformados con el objetivo principal de profundizar sobre las líneas de investigación referidas a los primeros rastrillajes y los movimientos de los principales sospechosos. La estrategia de la fiscalía apunta a contraponer los registros de inteligencia criminal con las pruebas físicas recolectadas en los domicilios y propiedades allanadas durante los primeros días de la instrucción penal preparatoria.

El primero en comparecer ante los magistrados que integran el estrado fue el oficial jefe de la Policía Federal Argentina, Marcelo Daniel Román. Su testimonio resultó de vital relevancia técnica, ya que estuvo al frente operativo de diversos allanamientos y rastrillajes desplegados en zonas rurales y urbanas de la región. Román detalló minuciosamente el mapa de los procedimientos, los criterios de búsqueda utilizados y los resultados obtenidos en cada uno de los sitios inspeccionados durante la etapa inicial del expediente. A continuación, la audiencia continuó con la declaración del uniformado Maximiliano Aciares. Su exposición se centró estrictamente en las tareas investigativas, los relevamientos de campo y las averiguaciones de inteligencia realizadas sobre el entorno directo y las propiedades de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, una de las figuras centrales que enfrenta cargos de máxima gravedad en el proceso. Los datos aportados por Aciares permitieron reconstruir los movimientos financieros y administrativos de la imputada en los momentos previos y posteriores a la desaparición del menor en el paraje rural.

El cronograma de testimoniales policiales prosiguió con la declaración de Ricardo Ramón Vázquez. Este testigo aportó información de suma sensibilidad sobre las horas iniciales de la búsqueda en la vivienda de la abuela Catalina, ubicada en El Algarrobal. Vázquez reconstruyó el listado y la identidad de las personas que formaron parte del almuerzo familiar, aportando precisiones cronológicas sobre el inicio formal de los procedimientos de rastreo y las contradicciones detectadas en las primeras versiones brindadas por los comensales.

La megacausa por la desaparición del menor ocurrida el 13 de junio de 2024 se encuentra dividida procesalmente en dos grupos bien diferenciados de imputados según el grado de participación que se les endilga en los hechos investigados. Por un lado, los acusados como coautores materiales de la sustracción y ocultamiento del niño tras participar del almuerzo en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal son la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, la tía del niño Laudelina Peña, su marido Antonio Bernardino Benítez, y el matrimonio compuesto por Mónica Del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Reprogramaron la declaración del abuelo Dupuy  

En paralelo al desarrollo de las testimoniales de los efectivos policiales, el Tribunal que lleva adelante el debate oral resolvió este miércoles dejar sin efecto la declaración de Ramón Dupuy, la cual se encontraba formalmente prevista para este jueves 20 de agosto de 2026. La medida se adoptó luego de que las defensas técnicas plantearan un pedido formal para modificar la modalidad del testimonio, exigiendo que el mismo se lleve a cabo de manera estrictamente presencial en la sala de audiencias.

Hay que recordar que el tribunal había dispuesto originariamente el pasado 18 de agosto que el testigo preste declaración mediante una videoconferencia. En un primer análisis conceptual, los magistrados consideraron que la modalidad remota no afectaba en absoluto las garantías constitucionales de las partes ni los principios rectores del debate penal. Según explicaron en su momento, pilares fundamentales como la oralidad, la contradicción y la inmediación no exigen de manera excluyente que el declarante se encuentre físicamente sentado frente al estrado. Para los jueces, mediante una conexión telemática en tiempo real, las partes involucradas tienen la plena facultad de escuchar el testimonio, formular un interrogatorio cruzado, repreguntar y señalar eventuales contradicciones con absoluta transparencia, sumado al respaldo que otorga el registro audiovisual permanente de la audiencia.

Asimismo, el tribunal había recordado que el sistema de videoconferencias se encuentra plenamente implementado y validado en el ámbito de la justicia federal desde el año 2013, amparado en los lineamientos de la Acordada 20/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el escenario procesal cambió de rumbo durante el transcurso de la última audiencia, cuando las partes insistieron de manera unánime en la necesidad institucional y humana de que Dupuy declare de forma presencial. Ante este planteo, tanto el Ministerio Público Fiscal como los representantes de la querella manifestaron formalmente que no se oponían a la solicitud de las defensas.

Por ese motivo, ponderando la magnitud del caso y la relevancia de la testimonial, el tribunal resolvió dejar sin efecto la fecha inicial de este jueves e instruyó la reprogramación de la medida para que Dupuy comparezca personalmente ante los jueces en una nueva fecha a definir próximamente. Adicionalmente, el cuerpo judicial ordenó a las oficinas administrativas pertinentes realizar los trámites presupuestarios y logísticos necesarios para cubrir de manera íntegra los gastos vinculados con el traslado, alojamiento y custodia del testigo durante su comparecencia en la provincia de Corrientes.

La declaración es relevante para el grupo de imputados cuya responsabilidad penal se investiga bajo la figura de supuestos partícipes en el desvío intencional de la investigación, la usurpación de títulos, el encubrimiento agravado y la privación ilegítima de la libertad, entre otros graves delitos conexos. Este segundo bloque de procesados está integrado por Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, cuyas defensas también participan activamente de las audiencias de debate en busca de nulidades procesales.

El efectivo Gabriel Arnaldo Pinolli completó la ronda de los testimonios policiales de la jornada. Pinolli detalló las diferentes diligencias en las que le tocó intervenir de manera directa, lo que incluyó la ejecución de estrictas consignas de seguridad y vigilancia en el Hotel Despertar del Iberá, así como en el domicilio particular de Camila, una de las primas de Loan cuyas declaraciones previas abrieron múltiples líneas de análisis sobre el encubrimiento y el desvío de la investigación penal.